Este martes se reunió la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por la diputada María del Carmen Toller (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), en la que se abordó el proyecto de ley enviado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) que lo autoriza a disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de expedientes concluidos o paralizados que, estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene su derecho, no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años.
El proyecto contempla que tales fondos por intereses pasen a una cuenta especial a la orden del Superior Tribunal de Justicia y que sean destinados a financiar la ejecución del plan de obras públicas, la adquisición de bienes de uso y la aplicación de nuevas tecnologías u otros destinos que el mismo determine.
El presidente del STJ, Martín Carbonell, quien fue convocado para exponer sobre la iniciativa, expresó que “el objetivo es destinar esos fondos a obras de interés judicial, las cuales repercuten directamente en la mejora de las herramientas a disposición de la sociedad”.
“En su mayoría se trata de expedientes con pequeños depósitos que no tienen movimientos desde hace varios años. Aún así, el proyecto establece que se reserve al menos un 10% de los fondos de cuentas judiciales para posibles solicitudes de devolución”, puntualizó.
Durante la reunión también se trató el proyecto de ley, venido en revisión, que declara exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial y en forma temporaria a los inmuebles pertenecientes a instituciones que, durante el estado de emergencia sanitaria, sean puestos a disposición y afectados para el aislamiento de pacientes con Covid-19.
Los diputados Néstor Loggio y Sergio Castrillón (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) coincidieron en que la iniciativa implica un acto de justicia y de retribución a la solidaridad de estas instituciones.
Además, la Comisión evaluó el proyecto con media sanción que exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a las personas físicas o jurídicas inscriptas en la Dirección de Transporte de Entre Ríos como transportistas de escuelas rurales.