Por Greta Pena (*)
La Ley de Identidad de Género es bisagra para la protección y desarrollo de toda la sociedad porque reconoce en igualdad de derechos a las personas trans, hasta entonces excluidas en su derecho a la identidad, y con ello el Estado repara una desigualdad estructural y da cuenta de un derecho en el que “el papel del Estado y la sociedad es meramente reconocer y respetar la adscripción identitaria”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Este derecho consagrado no es casual ni ha sido alcanzado por un descuido legislativo. Por el contrario, se trata de una conquista que emana de años de lucha y organización social y política de un conjunto de la sociedad que dijo basta a décadas de vulneración, invisibilidad y vergüenza. De hecho, la legislación ampliatoria de derechos de LGBTI+ ha seguido creciendo con normas como el Cupo Laboral Travesti Trans y el DNI no binario. Asimismo, en el plano internacional es robusto el acervo de instrumentos que reconocen este derecho.
En el mes de junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Así, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), a partir de 2019, retiró de su contenido los códigos relativos a la transexualidad y el travestismo. En 1990, la misma OMS había retirado la homosexualidad de ese listado.
En Argentina no pueden hacerse diagnósticos basados en la identidad de género ni en la orientación sexual. No es simplemente un imperativo de derechos humanos sino legal. No está permitido patologizar identidades trans. No se trata de una idea o posicionamiento ideológico optativo: es la ley vigente en el país.
En 2023, referirse a la vivencia libre de la identidad de género como “disforia de género repentina” implica, no solamente retroceder en el tiempo sino un acto de discriminación y violencia deliberada habida cuenta que resulta difícil creer que quienes sostienen este paradigma desconocen que dicha manera de nombrar es vulneratoria de los derechos conquistados en nuestro país.
¿Qué sería la “Disforia”? lo contrario a “euforia” y se utiliza para referir al disgusto o malestar que una persona supuestamente tiene en relación con el “sexo” que le fuera asignado al nacer. Este diagnóstico supone que las personas trans deben asumir que nacieron en “cuerpos equivocados”, lo que legitima, entonces, que sus cuerpos y sus gestos sean permanentemente examinados, estigmatizados, corregidos, medicalizados y señalados en su diferencia.
La naturalización de estas argumentaciones ha condicionado, así, a muchas personas trans a construir sus propias identidades desde estos diagnósticos psico-médicos, ligando la autopercepción de su género con la anomalía y la enfermedad.
Según informes y estadísticas, las primeras expresiones de la autopercepción de un género distinto al asignado al nacer se dan tempranamente, por ello, las infancias no están exentas de los derechos reconocidos por la legislación argentina.
Muy por el contrario, están en concordancia con los principios del interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como al principio de no discriminación. Cualquier restricción que se imponga al ejercicio pleno de ese derecho únicamente podrá justificarse conforme a esos principios y la misma no deberá resultar desproporcionada.
Así, abrir espacios de diálogo en las familias y el entorno, acceder a información de calidad y promover un acompañamiento empático es fundamental para que esa experiencia no implique una vulneración de derechos. Este cambio de paradigma implica desafíos y posiblemente en la medida que se erradique la violencia y la discriminación, camino en el cual la ley de Identidad de género fue clave aunque no suficiente, las familias se sentirán más acompañadas.
Lejos de estar frente a una “epidemia transgénero”, transitamos por un camino de visibilización, reconocimiento e inclusión que, aunque sigue generando resistencias, no tiene vuelta atrás.
Frente a todo intento de retroceder, debemos seguir promoviendo la igualdad y el derecho de vivir la identidad en libertad. Apelamos a la responsabilidad de las voces públicas que construyen sentido e interpretan la realidad social con sus palabras y pensamientos. Se lo debemos a quienes lucharon y quedaron en el camino y a todas las personas que hoy desean vivir vidas libres de violencia.
(*) Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Publicado en Infobae