La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos abordará el próximo martes tres proyectos de ley, entre ellos uno que establece modificaciones a la norma que regula los Juicios por Jurados, como así también una iniciativa de la oposición para regular los pedidos de informes que se realizan en la Cámara.
La iniciativa del Ejecutivo se propone modificar el artículo 2° de la Ley 10.746, que regula el instituto del Juicio por Jurados. La diputada Gabriela Lena, titular de la comisión, expresó oportunamente que se seguirán “escuchando opiniones sobre esta modificación, que está relacionada con la cantidad de causas que van ser pasibles de juicio por jurado”. El objetivo de la iniciativa, que divide aguas en el mundo del derecho, es disminuir las causas que son susceptibles de ser juzgadas bajo esta modalidad.
En uno de los encuentros de comisión participó como invitada la titular de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (VIDAER), Carla Cusimano, quien fundamentó una nota presentada en oposición a los cambios.
También fueron invitados por ese cuerpo el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, vocal Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak. Lo mismo se hizo con el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez. Estos últimos acompañaron la propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo, que pretende reducir los delitos a ser juzgados en juicio por jurados.
PEDIDOS DE INFORMES
El otro proyecto que se tratará pertenece a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos), con el acompañamiento de sus pares Silvia del Carmen Moreno y Yari Seyler, y propone “regular el procedimiento de los Pedidos de Datos e Informes solicitados por las Cámaras Legislativas al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, de conformidad a lo prescripto por el artículo 117 y 204 inc. f) de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.
El proyecto, al que accedió Bicameral dispone varios aspectos que apuntan, centralmente, a la celeridad y efectividad en las respuestas, algo que no ocurre habitualmente y que suele ser reclamado sólo por la oposición. En este caso, el bloque peronista que fue gobierno en las últimas dos décadas y hoy asume ese rol.
Cabe recordar que Zoff presentó hace algunos meses un pedido de informes crítico del Poder Ejecutivo, donde apuntaba a obtener información de la planta de funcionarios provinciales que no están declarados en la nómina oficial, como así también de aquellos que cobran por encima de lo que indica su rango.
La iniciativa dispone que los pedidos de informes deben ser “contestados en forma precisa, completa y documentada, en un plazo que no exceda los 15 (quince) días hábiles, computados a partir del día siguiente al de su recepción por el Poder Ejecutivo o Poder Judicial”, estableciendo algunas series de prórrogas y excepciones. A su vez, dispone entre otras cosas que estas respuestas sean publicadas “en la página web de la Cámara requiriente”.
Los fundamentos del proyecto se recuestan en declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios del gobierno sobre la transparencia y el acceso a la información, aspectos que son trabajados por el oficialismo en otras iniciativas.
Reconoce, sin embargo, que la falta de respuestas es un problema “de antigua data” y “no el resultado de una determinada composición de la Legislatura o del Poder Ejecutivo”. En ese sentido, reseña que existieron “numerosas iniciativas en esta Cámara que han intentado darle forma al procedimiento del Pedido de Informes”, y retoma todas estas iniciativas, que fueron presentadas por legisladores de distintos espacios políticos a lo largo de la última década y media.
Por último, en la comisión se debatirá un proyecto de ley que pretende instituir el tercer domingo de septiembre de cada año como el “Día del Pastor”.