A través de un proyecto de ley, dos diputados libertarios entrerrianos proponen prohibir expresamente el ingreso de exlegisladores y familiares directos a cargos en la administración pública provincial, por un período que se extendería al menos por los cuatro años siguientes a la finalización del mandato.
La iniciativa a la que accedió Bicameral prohíbe a “diputados y senadores provinciales de Entre Ríos, una vez finalizado su mandato, incorporarse a la administración pública provincial, tanto en organismos centralizados como descentralizados, y hacer carrera administrativa en dichos organismos por un periodo de cuatro (4) años desde la fecha de finalización de su mandato“.
Esta prohibición señalada en el texto se extiende a sus familiares directos, incluyendo cónyuges, convivientes e hijos, dentro del mismo período.
Se trata de un proyecto de los diputados libertarios Roque Fleitas, quien firma como autor, y Débora Todoni, quien se suma como coautora.
Se exceptúan de la prohibición aquellos cargos obtenidos mediante concurso público de antecedentes y oposición. A su vez, señala que no se aplicará la prohibición “a aquellos funcionarios que, antes de asumir sus funciones como legisladores, ya formaban parte de la planta de la administración pública provincial”. En estos casos, los legisladores “podrán retomar su carrera administrativa una vez concluido el mandato legislativo”.
Según señalaron en los fundamentos, la iniciativa busca dar respuesta al descrédito que provocaron en la opinión pública los recientes informes de contratados.
“Este proyecto surge en respuesta a los recientes informes públicos que han revelado una lista significativa de legisladores que, tras dejar su banca y finalizar su mandato, ingresaron a distintos organismos de la administración pública provincial o facilitaron el ingreso de sus familiares. Esta situación no sólo ha generado preocupación, sino también rechazo y repudio entre la ciudadanía respecto a la falta de transparencia en estos nombramientos, evidenciando la necesidad urgente de establecer regulaciones que pongan fin a estas prácticas”, señalaron.