La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena, abordó nuevamente este martes el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, remitido por el Poder Ejecutivo.
En esta oportunidad, los legisladores escucharon a representantes de la sociedad civil que integran el organismo que selecciona a las autoridades del Poder Judicial, y en ese marco adelantaron desde la comisión que buscarán arribar pronto a un dictamen consensuado, para luego llevar el proyecto al recinto.
Participaron dos representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura: los consejeros María Paula Armándola (Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos) y Matías Daniel Chiosso (Asociación Civil Vida y Esperanza).
Lena adelantó que la comisión trabajará sobre el texto del proyecto en base a los aportes que se han recibido y al intercambio entre los diputados de diferentes bloques. “Intentaremos arribar a un texto consensuado la semana que viene y, si es posible, ingresarlo en la próxima sesión”, indicó.
El proyecto de reforma
La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra.
En los fundamentos del proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo, se sostiene que la “última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. La nueva norma, señalan, “no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.
El nuevo proyecto, al cual accedió Bicameral, consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”.
Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.