Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados pondrá en discusión la Ley de Transparencia y Ética Pública impulsada por el Poder Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que pretende reglamentar los Artículos 37° y 40° de la Constitución de Entre Ríos y tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública.
El encuentro de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Peticiones y Reglamento tendrá lugar el próximo martes desde las 16 horas.
Fueron invitados a hacer sus aportes los académicos Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila (UCA); Sandra Arito, decana de la Facultad de Trabajo Social (UNER); Pedro Sánchez Izquierdo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL).
Por medio de la normativa, “se establecen un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado provincial, en cualquiera de sus tres poderes, órganos de control, entes autárquicos, descentralizados, empresas, organismos, reparticiones u oficinas de cualquier naturaleza, comprendiendo también a los Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno”.
En su artículo 5°, se establece un régimen de declaraciones juradas patrimoniales, que alcanzará a funcionarios y legisladores, como así también al Poder Judicial, con un criterio amplio que llega hasta los órganos de control, el Jurado de Enjuiciamiento, miembros de entes reguladores, entre otros. Del mismo modo, alcanza a quienes se desempeñen en municipios y comunas de la provincia.
En este sentido, se establece un plazo de presentación de 60 días hábiles para este requisito y se establecen precisiones respecto al contenido. Del mismo modo, se prevén sanciones por inclumplimiento e infracciones.
A su vez, un artículo se aboca específicamente a las incompatibilidades y los conflictos de intereses que pueden suscitarse para funcionarios y legisladores, adentrándose en prohibiciones a quienes tienen antecedentes penales con una condena firme.