Por Ana Fabiola Aubone (*)
Nos acercamos a fin de año y los balances se vuelven inevitables. Siempre se dice que el Congreso es la caja de resonancia de la sociedad y es así. Prueba de ello es lo que hemos logrado en materia de igualdad de derechos para personas con discapacidad.
El proyecto para expedir de forma definitiva y por única vez el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya tiene dictamen en Senado y es confiamos en que se convierta en ley muy pronto.
Por eso, me parece interesante revalorizar la labor lograda en plenario de comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública, en la cual hemos acercado posturas con una escucha plenamente activa, articulando diferencias y priorizando el efecto que provoca en la vida real la temática de esta iniciativa, logrando unificar los 7 proyectos presentados, firmando un solo dictamen, y propiciando la media sanción de este texto.
Siempre ha sido mi prioridad poder dar estos debates, que implican tomar decisiones creando políticas públicas claras y concretas que respondan a las necesidades de nuestra sociedad.
La experiencia acumulada en mis años de gestión me permitieron tener absoluta certeza de que solo con el diálogo permanente involucrando a todos los sectores se logra llevar a cabo políticas públicas que dan verdaderas respuestas a las demandas de nuestra sociedad.
El Certificado Único de Discapacidad, entendido como documento público válido en todo el país, es la acreditación a través del cual cada persona con discapacidad puede acceder a los derechos establecidos en la legislación vigente, tales como cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos), traslados gratuitos en el transporte público terrestre, ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad, etc.
El objetivo central de este proyecto es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad.
Se calcula que en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD.
Es fundamental simplificar la vida y la carga burocrática de los destinatarios de estos regímenes.
Ya demasiado tienen las personas con discapacidad, y sus familiares y personas a cargo, que viven y sufren otros varios aspectos para que les demoremos un derecho.
Es obligación indelegable del Estado proteger y tutelar a las personas con discapacidad permanente, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, tomando especial intervención para agilizar y contribuir en el acceso eficiente y eficaz del libre ejercicio de derechos fundamentales que se les reconoce.
El Parlamento debe velar por los derechos de los más vulnerables, y por ese camino andamos.
(*) Diputada nacional del Frente de Todos (San Juan)
Publicado en Parlamentario