La Cámara de Senadores tratará en comisión el proyecto por el cual la provincia adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que cuenta con media sanción de Diputados. Al rechazo peronista de la Cámara baja se sumaron voces críticas de algunos legisladores libertarios, que se opusieron a la norma que se impulsó desde el Gobierno bajo el cual llegaron a la Legislatura.
En el Senado el peronismo tiene mayoría, por lo que su postura será determinante. En este caso, abordarán un tema sensible de la normativa: el impacto ambiental de las inversiones que se buscan conseguir. “Ni RIGI, Ni RINI. Queremos una Entre Ríos sin saqueo y contaminación”, se titula el comunicado que publicó un grupo de organizaciones antes del tratamiento de la norma en la Cámara baja, advirtiendo sobre su presunta inconstitucionalidad y remarcando en ese sentido que con esta legislación “toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula”.
Por esa razón, en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se desarrollará este martes estarán presentes representantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Fundación CAUCE, que expondrán sus objeciones y recomendaciones.
Si bien el peronismo no se opuso directamente, el jefe de la bancada dio algunas pistas del posicionamiento que podría adoptar el bloque: “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que atente contra el medio ambiente, que no beneficie a las pequeñas y medianas empresas y que no promueva claramente nuevas fuentes de trabajo“, aseguró días atrás el presidente del bloque Más para Entre Ríos, Martín Oliva.
El RIGI
Las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) según la Ley Nacional N° 27.742, gozarán en la provincia de Entre Ríos de las exenciones fiscales y demás beneficios que se establecen para el Régimen que se crea en la normativa.
El RIGI fue creado para incentivar inversiones superiores a los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000), y ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años.
La normativa entrerriana crea en la provincia el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que alcanza a distintas actividades, con beneficios del 100 por ciento en el impuesto al sello y Tasas retributivas de servicios. La vigencia de la ley será de 15 años, con posibilidad de extenderse cinco años más.