Por Julio Cobos (*)
La educación es la columna vertebral del desarrollo de un pueblo y las políticas educativas son, por sus profundos efectos a lo largo de generaciones, las más relevantes que debe adoptar cada gestión de gobierno.
Argentina tiene a la educación en su ADN, durante el siglo XIX y siglo XX puso en marcha grandes transformaciones educativas que impactaron positivamente en varias generaciones, tanto en cantidad como en calidad. Lamentablemente y es necesario reconocerlo, hace décadas que atravesamos un fuerte proceso de crisis educativa. La marchas y contramarchas en cuanto a políticas específicas, los vaivenes políticos, la falta de financiación y el deterioro en el tejido social, son algunas de las variables que repercutieron y repercuten negativamente en el sistema, y hacen que hoy tengamos una merma importante en la calidad educativa.
Esto no es gratis para una sociedad, y quizás sea la mayor deuda para con las generaciones futuras, no podemos seguir aceptando el declive y hacer como que nada pasa. Argentina perdió el rumbo y la educación es el único camino para dejar un mejor país a nuestros hijos. Hoy, estamos ante una nueva oportunidad. El presidente finalmente y con gran acierto, luego de que lo solicitáramos desde diferentes sectores políticos, incluyó a la Educación en el denominado Pacto de Mayo.
En este marco y teniendo en cuenta que ya existe un camino recorrido, se torna imperiosa la reglamentación y aplicación efectiva de la Ley 27.489, de Cédula Escolar Nacional. Esta ley se aprobó hace ya cinco años, sin embargo, aún no está plenamente operativa.
La Cédula Escolar es una estrategia de abordaje integral al sistema educativo. En primer lugar, da información en tiempo real de la asistencia de los alumnos a las escuelas de todo el país, y establece mecanismos interdisciplinarios para efectivizar esa asistencia en caso de posible o efectiva deserción escolar. Además, dota al Poder Ejecutivo de toda la información necesaria para desarrollar políticas educativas de acuerdo a la necesidad real del sistema, ya que se nutre de la información automática y relevante que brinda el SINIDE. Es decir, sistematiza información crucial sobre la población educativa y permite generar respuestas acordes a las necesidades de la misma.
Por otra parte, el incremento de la delincuencia juvenil ha generado un acalorado debate en nuestra sociedad, respecto de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. La realidad es que la simple modificación de la edad legal no aborda las raíces profundas de la problemática. Creo firmemente que la Cédula Escolar Nacional es una solución proactiva y preventiva que puede complementar las políticas de justicia juvenil. En lugar de enfocarnos únicamente en medidas punitivas, ésta fomenta la rehabilitación y reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley al proporcionar un seguimiento constante y apoyo educativo, se crean oportunidades para que los menores rectifiquen su comportamiento y se reincorporen positivamente a la sociedad. Esto beneficia a los propios jóvenes, y también contribuye a la reducción de la reincidencia delictiva a largo plazo.
La creciente participación de menores en actividades delictivas y la preocupación por su rehabilitación y reinserción en la sociedad requieren una respuesta integral y multifacéticay la Cédula Escolar emerge como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos. La delincuencia juvenil tiene un doble efecto negativo a corto y mediano plazo. Por un lado, afecta inmediatamente a la seguridad pública, y por otro al desarrollo integral de los jóvenes involucrados; ¿qué generaciones formamos para el futuro? La participación de menores en delitos no solo genera un impacto negativo en las víctimas y sus familias, sino que también tiene consecuencias devastadoras para los propios menores, quienes se ven atrapados en un ciclo de criminalidad y marginalización.
La recopilación de datos a través de la cédula escolar permite una intervención temprana y coordinada entre diferentes sectores, incluyendo educación, salud, y servicios sociales. Esta colaboración multidisciplinaria es esencial para abordar todas las dimensiones que hacen a la delincuencia juvenil. Al trabajar juntos, estos sectores pueden ofrecer un soporte integral a los menores y sus familias, mitigando los factores de riesgo y promoviendo un entorno favorable para su desarrollo.
Por eso solicito que se realice, en el marco del Pacto de Mayo, la reglamentación e implementación de la Ley de Cédula Escolar Nacional, como una herramienta eficaz para mejorar el sistema educativo y combatir la delincuencia juvenil desde una estrategia proactiva y superadora, al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación.
Que todos los alumnos del país cumplan con su trayectoria escolar en tiempo y forma, porque ese es el verdadero legado para una Argentina mejor.
(*) Senador de la UCR