La Comisión de Juicio Político debutó en la Cámara de Diputados para analizar los pedidos de juicio político impulsados contra la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos), abrió el debate con un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político, desde el análisis de la admisibilidad de las denuncias a los acusados, pasando por la apertura del expediente de acusación, la etapa sumarial de producción de las pruebas, y la eventual votación en el recinto.
“Como presidenta de la Comisión de Juicio Político voy a garantizar que esta comisión lleve adelante un proceso público y transparente, ajustado a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento interno de la comisión”, aseguró Gaillard.
Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo -si logra contener cualquier peligro potencial de fugas- tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión Omar de Marchi (PRO) pidió la palabra para denunciar “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”.
Para el mendocino, el juicio político “no forma parte de la agenda principal de la Argentina”, ya que ésta tiene que ver con el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables”.
Según De Marchi, “la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular” al Poder Judicial que “tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina” (en alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner).
“No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes”, manifestó el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, minutos más tarde.
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país “les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas economicos”.
La referente del PTS denunció que Juntos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.
“Nadie habla del ajuste brutal que esta llevando adelante Sergio Massa”, azuzó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales.
Sin embargo, según publicó NA, la diputada de izquierda aseguró que “hay grandes motivos para cuestionar” a este tribunal que “es la Corte del 2×1”.
En total hay 14 pedidos de juicio político y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos. En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura. Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2×1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.