La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) continuó con el debate en torno al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, tal cual adelantó Bicameral. En esta ocasión, los legisladores analizaron el articulado propuesto por el Poder Ejecutivo y los aportes de los miembros de los distintos bloques. Aún no se logran los criterios para firmar un dictamen.
“Hay avances importantes, aunque hay artículos en los que no hay consenso y hay que seguir debatiendo. Pero creo que es importante poder conversar, plantear cada uno su punto de vista e intentar que el Consejo de la Magistratura y que la selección de los jueces funcionen en la provincia. Necesitamos una modificación de esta ley y necesitamos hacerla bien, para que no se tenga que cambiar dentro de dos años”, comentó Lena.
Con ese objetivo, la radical ndicó que la comisión no solamente ha escuchado a personas que conocen la materia o integran el Consejo, sino que se ha dado un tiempo para el debate entre los diputados, quienes a su vez son asesorados por distintos especialistas.
Acerca de los puntos más importantes que considera necesario mejorar en el sistema, señaló: “Hay que darle mayor celeridad. Hay más de 90 cargos que no son efectivos. Cuando quienes ejercen de jueces, fiscales o defensores han pasado por el Consejo de la Magistratura y tienen la estabilidad que otorga este sistema institucional, sus decisiones tienen esa independencia que establece la Constitución nacional y provincial”.
El proyecto de reforma
La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra.
En los fundamentos del proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo, se sostiene que la “última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. La nueva norma, señalan, “no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.
El nuevo proyecto, al cual accedió Bicameral, consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”.
Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.