A través de una carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, senadores de Unión por la Patria rechazaron la firma de un nuevo acuerdo del organismo con el gobierno argentino, el cual -consideraron- “sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei” y tendrá “consecuencias desastrosas” para el país.
La misiva, también destinada a todo el directorio y staff del FMI, arranca: “Atento al dictado del DNU 179/25 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional se autoriza a sí mismo a contraer un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, los senadores y senadoras de Unión por la Patria queremos hacerles llegar nuestra posición contraria a la suscripción del mismo”.
“Desde el punto de vista jurídico, denunciamos que dicho DNU es incompatible con la legislación vigente, ya que contradice nuestra Constitución Nacional”, aseguraron en la nota firmada por los legisladores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, tridente que conduce la bancada de UP en la Cámara alta.
En ese sentido, indicaron que el decreto “tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente’ en su artículo 2”.
FMI: emparentan el acuerdo de Milei con el de Macri
“De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de (Mauricio) Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las hoy el gobierno de Milei está implementando”, enfatizaron.
Los senadores aseveraron que “el FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo”.
A su vez, anticiparon que “de continuar por este camino”, Unión por la Patria “no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”.
“Entendemos que se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica”, señalaron.
Y pronosticaron: “Si bien el DNU establece que los fondos frescos que el FMI pudiera aportar sólo deberían utilizarse para pagar los vencimientos con ese organismo y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el destino de los mismos será, en definitiva, el de financiar la salida de capitales. En suma, el FMI estaría suscribiendo un nuevo acuerdo que implicaría el incumplimiento del artículo VI de su propio Estatuto, como ya lo hizo en 2018”.
“El gobierno argentino se encuentra desesperado por la falta de dólares”, sostuvieron y, en ese sentido, observaron que “ante la caída de reservas de los últimos días, con salida de capitales y con un contexto mundial sumamente incierto, sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario”.
Los opositores recordaron que el acuerdo de 2018 “fue utilizado por el presidente Macri para financiar su campaña electoral, con el resultado por todos conocido. Por eso, les solicitamos que tengan en consideración aquella situación a efectos de evitar que la misma se repita y que, por lo tanto, no suscriban un nuevo acuerdo que sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei (que dicho sea paso ya ha encontrado, a través de la estafa con criptomonedas, una novedosa forma de contar con fondos para sus pretensiones electorales) porque está en juego la vida de millones de argentinos sometidos al hambre, la miseria y la exclusión social”.
“Argentina habrá pagado hacia fines de 2025, por intereses, cargos y comisiones a ese organismo, aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, por aquel acuerdo fallido de 2018 y todo ha empeorado desde entonces; la inflación se aceleró, la pobreza y la indigencia crecieron, la producción se redujo y las cuentas externas tampoco mejoraron”, cuestionaron.
Los senadores K expresaron: “Sabemos que este esquema económico va a durar poco tiempo más, ya que más temprano que tarde la corrección cambiaria se hará impostergable. Y también, que el pueblo argentino, que ya viene resistiendo el duro ajuste al que es sometido, seguirá por este camino de rebeldía cada vez con más fuerza, por más represión que intenten aplicar”.
“Las naciones integrantes del FMI, sus directivos y sus funcionarios técnicos, deben tomar nota y deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”, sugirieron.
Además, advirtieron que esta deuda “podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción” y “por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá”.
“Insistimos en que la aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atrasos cambiarios y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos”, resaltaron y concluyeron: “Firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no sólo acarreará su absoluta nulidad sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado argentino”.