Las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, que preside Noelia Taborda, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que encabeza Bruno Sarubi, se reunieron este jueves para analizar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo por el que se declara el estado de emergencia de la infraestructura vial, con el objeto de llevar adelante medidas y acciones para la recuperación de la trama de caminos de la provincia. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado.
La diputada Taborda (Juntos por Entre Ríos) comentó que “fue una reunión favorable y fue muy buena la exposición del subadministrador de Vialidad, Alfredo Bel, quien respondió las preguntas de los diputados”. Informó también que se trabaja en el dictamen del expediente.
“El proyecto es para ayudar a todos los entrerrianos, principalmente a los productores agropecuarios. Da el marco normativo para trabajar con una agilidad mucho mayor para la contratación de insumos para reparar toda la trama vial, que es tan importante en nuestra provincia”, sostuvo la legisladora.
“La idea es que esta iniciativa se pueda aprobar lo más rápido posible. Necesitamos darle las herramientas a Vialidad para trabajar de forma rápida”, enfatizó.
Esta propuesta legislativa del Ejecutivo se complementa con la ley ya aprobada por ambas cámaras, que dispuso un aumento del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, el cual pasó a constituirse con el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural.
La declaración de la emergencia autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial de la provincia.
Cambios en el Senado
Si bien la iniciativa original declaraba la emergencia por el plazo de un año “a partir de la entrada en vigencia de la presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo por única vez y por el plazo de ciento ochenta (180) días”, el peronismo se opuso a esta extensión y pidió modificar el texto.
Los miembros de ambas comisiones acordaron el plazo de un año desde la promulgación de la ley, sin la contemplación de la prórroga. También se consensuó agregar un nuevo artículo por el cual se deberá girar bimestralmente a la Legislatura un informe digital con las actuaciones del organismo relacionadas a la emergencia.