Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos dispone la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 27.786, conocida como “Ley Antimafias”. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada, según argumentaron, para “anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas”.
La norma sancionada por 38 votos durante las sesiones extraordinarias del Congreso obtuvo el apoyo de algunos senadores peronistas, pero no de la mayoría de la bancada opositora, que se mostró crítica y en aquel momento abandonó la sesión.
La iniciativa provincial a la que accedió Bicameral lleva la firma de Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) y cuenta con el acompañamiento de sus pares de bancada Noelia Taborda, Mariana Bentos, Gabriela Lena, Mauro Godein, Carolina Streitenberger y Maria Elena Romero.
Se destaca en los fundamentos del proyecto que la ley aprobada delimita su aplicación a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos, y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Dada la gravedad de esos delitos, se contempla una pena más alta, de 8 a 20 años de prisión o reclusión, “por la mera pertenencia a la asociación”.
En ese sentido, argumenta que la provincia “no es ajena a la problemática de las asociaciones ilícitas criminales dedicadas a múltiples delitos como el narcotráfico”, por lo cual se torna necesaria la adhesión a la ley nacional.