El gobernador del Pro de Chubut, Ignacio Torres, el jefe de bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y la vicepresidenta de esa bancada, Karina Banfi, cruzaron este domingo al presidente Javier Milei por sus acusaciones en base a la discusión sobre la ley ómnibus en el Congreso.
Torres, tituló en sus redes sociales: “No todo es lo mismo”, y afirmó: “Adhiero a lo manifestado por @rodrigodeloredo y agrego que los 10 gobernadores del Pro y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza”.
“Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la Ley Ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU. Muchos consideramos que la actitud centralista de buscar los objetivos fiscales sólo afectando a las economías regionales y actividades productivas centrales del interior, aumentando la recaudación a través de aranceles no coparticipables son inadmisibles”, agregó Torres.
En su extensa declaración, el gobernador chubutense planteó que “quiénes queremos que al Gobierno nacional le vaya bien y queremos que el país salga adelante con la mayor celeridad posible entendemos también que es necesaria una mirada integral y federal sobre impacto de algunas medidas y le pedimos al Gobierno que cuando afirmen como se ha dicho públicamente algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente. En Chubut cada vez que vimos alguna irregularidad no sólo auditamos, sino que hicimos la denuncia correspondiente con nombre y apellido y así lo seguiremos haciendo”.
“No podemos afirmar que todo es lo mismo y tampoco creer que alguien tiene la verdad absoluta. Respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad y con la institucionalidad de un sistema republicano que difiere mucho de los totalitarismos, la discusión y el debate son con ánimo de colaborar. Es una actitud que tiende a enriquecer las reformas y mejorarlas. La agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema”, concluyó Nacho Torres.
Por otro lado, el diputado y jefe de bloque de UCR, aseguró en la red X: “Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados”.
“Sobre las acusaciones generalizadas que formula volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el Gobierno incumple los deberes de funcionario público. De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos”.
De Loredo agregó: “Tampoco ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica. Empezando con el DNU, que está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre. De manera que esas herramientas ya las tienen. Y en todo el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización. De manera que ni el fracaso de las licitaciones BOPREAL, ni el aumento de la brecha cambiaria ni la escalada inflacionaria pueden encontrar vinculación con el exprés tratamiento que de forma cooperativa le estamos dando a todos sus pedidos. Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria”.
De Loredo concluyó exigiéndole al Gobierno que desista de este pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo expresado en: 1) Las manifestaciones del Gobierno de quitarle la obligación a la Oficina Anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción. ¿Quién va a acompañar la compleja documental probatoria de las causas de corrupción si el estado se corre de ese rol? 2) La intención del Gobierno de que puedan blanquear fondos los funcionarios de la última gestión. 3) La designación y el mantenimiento de funcionarios claves del gobierno anterior en áreas sensibles. 4) Las permanentes declaraciones públicas que buscan darle tranquilidad al peronismo de que no van a ser investigados y que el gobierno no hará nada o que ayudará a encubrir los estructurales desfalcos que recibió nuestro país y nos traen hasta acá”.
Por último, la diputada radical Karina Banfi tuiteó: “Desde la UCR exigimos al Presidente que denuncie los actos de corrupción a los que alude en sus declaraciones. No puede someter al Congreso a un chantaje cuando su deber es acudir a la Justicia. Máxime cuando el Parlamento está trabajando en el monumental paquete legal que envió”.