La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó la semana pasada el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, una iniciativa reclamada desde distintos sectores pero que divide las aguas entre los legisladores.
El texto lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, en disidencia parcial.
El dictamen, cabe destacar, surge de la unificación de ocho proyectos similares, uno de ellos del exdiputado nacional Gustavo Hein (PRO), hoy presidente de la Cámara baja entrerriana. Radicales, miembros de la Coalición Cívica y otros bloques menores se mostraron a favor de avanzar con esta iniciativa.
Los radicales entrerrianos Marcela Antola, Pedro Galimberti y Atilio Benedetti, por su parte, pusieron su firma en un proyecto de Carla Carrizo que formó parte de los ocho debatidos en comisión.
Si se avanzara con la declaración de esencialidad, algo que seguramente generará reacción gremial, se garantizaría un piso mínimo en la prestación de servicio incluso en jornadas de paros, por lo que atacaría uno de los principales problemas en las escuelas públicas, en momentos en que la dirigencia política apostó casi sin grietas por la educación privada.
El Bloque Unión por la Patria presentó dictamen propio expresando el rechazo de los proyectos tratados por “ir en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que definen el Derecho a la Educación”.
La iniciativa pone en un lugar incómodo al peronismo y a la izquierda, que con el argumento de una restricción del derecho a huelga se oponen a un proyecto que podría garantizar más días de clases en las escuelas públicas.
Una de las portavoces en el tema es Blanca Osuna (Unión por la Patria), quien rechaza los proyectos: “En este contexto de feroz ajuste en el que la educación es una variable más de un excel y no un derecho, es importante reafirmar la organización de la comunidad educativa que día a día construyen las escuelas y darles espacios de visibilización y escucha”, dijo.
“La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir? La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales“, justificó.
Se da por hecho que los diputados entrerrianos de Juntos por el Cambio apoyarían la iniciativa, ya que muchos de ellos se han pronunciado a favor en torno a un tema de larga data y que cobró mayor relevancia durante la pandemia. Con el rechazo enfático de Osuna, restará ver la posición de los otros diputados de Unión por la Patria, que durante la reunión de comisión se opuso en bloque.