Por Gustavo López (*)
El gobierno nacional consagró el derecho a la conectividad como un derecho esencial, declarando servicio público al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y poniendo en práctica esos derechos a través de la prestación básica universal (PBU).
A partir de enero nació un nuevo derecho ciudadano que genera condiciones de igualdad en el acceso a las telecomunicaciones para todxs los ciudadanxs, independientemente de su condición económica, para que nadie quede afuera.
Quedó evidenciado durante la pandemia lo que la O.N.U. había proclamado hace unos años, el derecho humano a la conectividad. Para poder estudiar, enseñar, acceder al conocimiento, a la investigación científica, para trabajar o simplemente para llenar un formulario para recibir un subsidio, se necesita conectividad.
La conectividad es al Siglo 21 lo que la energía fue al mundo industrial del siglo 20.
Sin embargo, algunos no se resignan a entender que lo que hasta hace poco era exclusivamente un bien de mercado, hoy se ha convertido en un servicio público en competencia. Es decir que las empresas siguen compitiendo entre ellas para ofrecer mejores precios o servicios, pero el Estado fija reglas de juego para que los que menos tienen no se conviertan en ciudadanos de segunda por no poder pagar un servicio y quedar desconectados de la cotidianeidad.
Por ese motivo la P.B.U. está orientada a los sectores más vulnerables, a los que necesitan de la protección del Estado para equilibrar al mercado y poder acceder a un servicio tecnológico que les permita estar comunicados, estudiar, trabajar y consumir bienes culturales.
La prestación básica universal es un Nuevo derecho Ciudadano, consagrado por un gobierno que viene a ampliar derechos comenzando por los que más lo necesitan.
Los beneficiarios son todas aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Sean jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, desocupados, beneficiarios de asignaciones, etc. También los clubes de barrio y de pueblo, los bomberos voluntarios y las entidades de bien público. Ellos son los que pueden pedir este beneficio como un derecho y las empresas tienen la obligación legal de prestarlo.
Estamos frente a una medida revolucionaria, que se adelanta a su época, consagrando un nuevo derecho que va a permitir que aquellos que menos tienen puedan estar comunicados por $150 mensuales a través de un celular y por $200 más puedan navegar por internet a través de su celular.
Una medida que va a garantizar el acceso a estas tecnologías, al chico que tenía que ir a una plaza para buscar wifi gratuito para hacer su tarea. Ahora va a tener una línea telefónica y va a navegar de manera gratuita las páginas educativas.
Salimos del descongelamiento de manera gradual, para no afectar los bolsillos de los ciudadanos y para aquellos que les era imposible acceder a lo mínimo les garantizamos el acceso universal.
Todavía, la pandemia afecta no sólo la salud pública sino también a la economía. Millones de compatriotas buscaron la ayuda estatal para sobrevivir. Llegó la hora de la recuperación económica y de la reafirmación de derechos, por eso la P.B.U.
(*) Vicepresidente del Enacom. Publicado en Página/12