El Poder Ejecutivo de la provincia envió a la Cámara de Diputados su propio proyecto de adhesión al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), marco normativo establecido con la aprobación a nivel nacional de la Ley Bases.
Cabe recordar que diez días atrás ingresó un proyecto en el mismo sentido, como consignó oportunamente Bicameral, con la firma de Carlos Damasco (Fe y Libertad) y que tiene como coautores a Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Roque Fleitas (La Libertad Avanza), todos ellos pertenecientes a tres bloques distintos pero que ingresaron juntos en la boleta libertaria.
El RIGI fue creado para incentivar inversiones superiores a los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000), y ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años.
En este caso, se trata de un proyecto similar pero enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa tiene más artículos y disposiciones, e ingresó junto a un paquete de leyes enviado a fines de la semana pasada por el gobierno de Rogelio Frigerio.
“Un régimen de incentivos bien diseñado, contribuye al establecimiento de un entorno más estable y predecible, lo que fortalece la seguridad jurídica y hace que la provincia sea un destino más atractivo para grandes inversiones”, precisaron en los fundamentos.
A su vez, el proyecto de ley crea el “RÉGIMEN DE INCENTIVO A LAS NUEVAS INVERSIONES” (RINI) en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, que se regirá por la ley provincial. “Podrán ser beneficiarios del presente régimen todas las personas humanas y jurídicas del sector industrial, transporte de carga vinculado con la actividad industrial, turismo e industria cultural que realicen nuevas inversiones, ya sea en la instalación de una nueva unidad productiva o en la ampliación de una ya existente”, indica la iniciativa.
Se prevén con este proyecto exenciones del 100 por ciento en los Sellos y las Tasas retributivas de servicios. También habrá otros beneficios como el acceso al Fondo de Garantías Entre Ríos (FOGAER), prioridad en contrataciones con el Estado, acompañamiento en la capacitación de personal y binificación en la tasa de préstamos.
La vigencia de la ley será de 15 años, con posibilidad de extenderse cinco años más.