El Concejo Deliberante de Paraná aprobó hace pocos días una ordenanza que regulará, de ahora en más, las transiciones de gobierno. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, nació al calor de los reiterados conflictos y entredichos que hubo, particularmente, en los últimos dos recambios de gestión, entre Blanca Osuna y Sergio Varisco en 2015; y entre Sergio Varisco y Adán Bahl en 2019. Al punto tal, que el nuevo intendente consideró oportuno que era momento de elaborar un proyecto que no dé lugar a nuevas situaciones del mismo calibre.
“Cumpliendo con una promesa que hice en campaña presentamos hoy al HCD este proyecto de ordenanza con el objetivo es garantizar las transiciones entre la gestión entrante y saliente, dentro del marco institucional. El proyecto restringe nombramientos de personal y gastos por fuera del presupuesto municipal, durante el último año de gestión. De esta forma, se evita -por ejemplo- el perjuicio enrome que, por irresponsabilidad y cuestiones electorales, la gestión anterior generó a nuestra ciudad” explicó Bahl oportunamente.
Entre los puntos centrales, la iniciativa regula la restricción del Departament Ejecutivo Municipal a efectuar designaciones, pases a planta permanente o recategorizaciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias durante el último año de gestión, quedando exceptuadas de esta restricción las designaciones para el ingreso o ascensos en la planta permanente que sean resultado de procesos de selección o concursos ya iniciados o en curso, así como las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos, la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su carácter esencial, la especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo; los pases a planta permanente o recategorizaciones derivados de denegociaciones colectivas con gremios con personería gremial; y las designaciones de Personal de Gabinete.
Así, el proyecto buscó adecuar las gestiones municipales a “procesos que cumplan con los estándares mínimos de calidad institucional, logrando un traspaso de gestión ordenada y responsable” y desalentando “toda practica que implique la falta de cooperación, la mala fe y el desorden de quienes constitucionalmente tienen el deber de efectuar un traspaso, garantizando la información necesaria para la gestión entrante y el logro de sus fines públicos para los que han sido elegido”
En la nueva ordenanza, además, se dispone la creación de la Comisión de Transición de Gobierno. Tendrá el objetivo de recabar, sistematizar y procesar toda la información que se considere por las partes de utilidad para el traspaso e inicio de las actividades gubernamentales. El mismo se sintetizará en un Informe Final de Transición que será entregado por el intendente en funciones al intendente electo en un plazo de 10 días previos a la asunción del mismo, con carácter de Declaración Jurada.
“Como representes del Pueblo y conductores políticos debemos administrar de modo responsable y transparente los recursos de las vecinas y los vecinos de Paraná hasta el último día de gobierno” resaltó el jefe comunal de la capital, luego de la sanción.
¿Puede el ejemplo de Paraná trasladarse a toda la provincia? Un antecedente podría sentar la base para que eso suceda. En abril de 2019, el entonces senador por el departamento Colón, Pablo Canali, ingresó a la Cámara Alta provincial una iniciativa denominada Ley de Régimen de Transición de Gobierno. Su objeto: institucionalizar una herramienta que permita garantizar traspasos de mando municipales de forma “ordenada, eficiente y confiable” según señaló el propio legislador a través de un comunicado enviado luego de presentar el proyecto.
La norma delineada por Canali, exintendente de extracción vecinalista que ocuopó dos veces la Intendencia de San José -entre 2007 y 2015-, propuso entonces un régimen que podía regular mecanismos y condiciones para una adecuada transición entre gestión saliente y gestión entrante.
“El proyecto no tuvo tratamiento. En alguna reunión de comisión se intentó ponerlo en discusión pero sin éxito” relató a Bicameral, el propio Canali. Si bien la iniciativa contó con algunos apoyos -entre ellos el de Bahl, que era vicegobernador en aquel momento- no fue suficiente y no se pudo tratar con mayor fuerza.
“Una ley de esas características le daría certezas a la población y a las autoridades electas. El Estado es uno solo, cualquier cortocircuito que haya entre quien debe asumir y quien deja el gobierno, definitivamente genera un perjuicio al conjunto de la sociedad. Por estrategia electoral, muchas veces hemos visto adelantar la fecha de las elecciones y esos meses entre las elecciones y la asunción quedan liberados para quien deja el gobierno. Y aún cuando las medidas que adopten no siempre son ilegales, comprometen los años venideros” subrayó el exsenador.
Canali aseguró que hay provincias y ciudades que han implementado este tipo de normas. “Personalmente las considero saludables y que contribuyen muchísimo a los procesos democráticos de reemplazo de autoridades. En el 2007 me tocó asumir la intendencia de San José luego de esperar nueve meses porque las elecciones fueron en marzo de ese año” finalizó a modo de ejemplo.