La Cámara de Senadores de Entre Ríos debatirá en comisión un proyecto de ley que busca crear una “campaña preventiva”, dirigida a niños, niñas y adolescentes entrerrianos “sobre los riesgos del juego mediante apuestas en línea”, una problemática creciente en el país y a la cual no es ajena la provincia.
Será en el marco de una reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología prevista para el próximo miércoles a las 10 horas. La iniciativa a la que accedió Bicameral pertenece al senador por el departamento Villaguay Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos).
“Entre las problemáticas que afectan a nuestras infancias y adolescencias en el contexto actual, debemos prestar especial atención a la creciente problemática de los juegos de apuestas y azar presencial o en línea”, señala el proyecto, que en esa línea remarca: “La ludopatía es una problemática de salud mental que debe atenderse de manera inmediata con profesionales especializados. Argentina no tiene una ley nacional sobre juegos en línea. Uno de los principales problemas al respecto consiste en los sitios ilegales que no están sometidos a ningún control estatal, haciendo publicidad por redes sociales donde incentivan a los adolescentes para que apuesten su dinero”.
En sus fundamentos, Cosso indica que el proyecto de ley “tiene como objetivo concientizar sobre la ludopatía online en esa franja etaria”, brindando en este sentido “herramientas y capacitaciones a los establecimientos educativos, culturales y deportivos para que puedan detectar en niños, niñas y adolescentes el impulso de jugar mediante apuestas y puedan realizar un correcto abordaje de la problemática”.
“No se trata de desincentivar el juego, sino promover un uso moderado y responsable del mismo. Pues parece casi imposible un futuro en el que los jóvenes sean capaces de mantenerse apartados de este tipo de ocio, más aún cuando decenas de anuncios sobre apuestas deportivas inundan la televisión, radio e internet”, subraya.
La iniciativa, que propone distintas actividades de concientización, propone como autoridad de aplicación de la ley al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), trabajando de manera coordinada con el Consejo General de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud.