La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a analizar el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher. La magistrada fue denunciada por el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, quien la acusa de favorecer en un fallo reciente al exogbernador Sergio Urribarri, condenado en una megacausa por corrupción.
Más allá de la demanda, que se maneja en el marco de un fuerte hermetismo dentro de la Legislatura, lo cierto es que el hecho reaviva un debate no saldado en la provincia: la reglamentación del juicio político. En este caso particular, y en anteriores -como el de los exvocales del STJ, Emilio Castrillón y Carlos Chiara Díaz- es la propia comisión de la Cámara Baja la que decide qué dinámica le dará al proceso, más allá de algunos lineamientos generales que están contemplados entre los artículos 138 y 154 de la Constitución Provincial.
La ausencia de reglamentación significa un problema, dado que los legisladores deben actuar en el marco de un proceso que no está del todo claro, más allá de las consideraciones que realiza la carta magna provincial. Sí es sabido, por ejemplo, que el acusado tiene derecho a defensa y debe comparecer ante la comisión. En el caso particular de Schumacher, no se sabe con certeza cuándo lo hará y si será por escrito o de forma oral.
No obstante, existen antecedentes legislativos cercanos en el tiempo, que buscaron darle un marco al juicio político en la provincia. Las iniciativas se elevaron desde los dos bloques más importantes -Juntos por Entre Ríos y el justicialismo- pero no lograron los consensos necesarios para ser aprobados.
EL PROYECTO DE ESTEBAN VITOR
A fines de 2021 Esteban Vitor, por entonces diputado provincial y presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento.
“Reglamentar el Juicio Político es una deuda que tenemos que saldar y que requiere del compromiso y la responsabilidad de los legisladores de todos los partidos. El proyecto que presenté se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años, pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso”, fundamentó Vitor.
El actual secretario Legal de la provincia remarcó la necesidad de establecer lineamientos precisos. “La idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión”, enfatizó.
El exdiputado concluyó luego: “Estoy convencido que este proyecto le brinda al proceso mayor institucionalidad, transparencia, responsabilidad y seriedad en línea con lo que estipula nuestra constitución, pero más importante, plasmando los valores republicanos que la sociedad reclama y que nosotros como legisladores debemos representar con honor”.
LA NORMA PRESENTADA DESDE EL PERONISMO
El otro proyecto fue ingresado también el el pasado período legislativo, por el exdiputado peronista Juan Pablo Cosso. La iniciativa contó con el acompañamiento de entonces presidente de la Cámara Baja, Ángel Giano. La norma, de 53 artículos, señaló las experiencias recientes y las normas similares que apuntaron a la regulación del instituto.
“La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras”, se explicó.
La norma delineada por el actual senador llegó incluso a tratarse en las comisiones, pero finalmente no prosperó.