Marcos Benito Torner, el hermano de la exconcejal de Paraná por el radicalismo, Adriana Torner, enfrentará un juicio correccional por los delitos de venta de medicamentos sin autorización y ejercicio de la actividad farmacéutica sin tener título ni habilitación especial.
La investigación surgió en 2017 a raíz de un monitoreo fiscal y financiero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que se detectaron operaciones de compra de medicamentos por montos muy elevados, pese a que el Ministerio de Salud de la provincia había decretado primero la suspensión y luego el cierre definitivo de la droguería a partir del 11 de noviembre de 2014, según la información publicada por Página Judicial.
En un cruce de datos fiscales y movimientos financieros durante los años posteriores al cierre definitivo de la droguería se detectaron importantes diferencias entre lo declarado por Torner –que no tenía actividad declarada ante el fisco– y lo informado por distintos laboratorios que eran proveedores que habían sido proveedores de su droguería. Por ejemplo, facturas y remitos librados por Pfizer SRL, Laboratorios Bagó SA, Bayer SA y Roemmers SA, entre otros laboratorios y droguerías, a nombre de Torner; y otros emitidos por el propio Torner a diversos destinatarios.
La AFIP entonces le pidió a Torner que pusiera a disposición los libros; comprobantes de compras, ventas y gastos; detalles de activo y pasivo; y cuentas bancarias para analizar su comportamiento fiscal; pero como respuesta recibió la copia de una denuncia policial de extravío de la documentación contable con fecha posterior a la intimación y en la que no se consignaba ningún detalle de cómo se perdió.
La droguería había sido habilitada el 9 de febrero de 2009, mediante la Resolución Número 87/09 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y estuvo activa hasta el 1 de octubre de 2014 en que el Ministerio de Salud provincial decretó la suspensión de las actividades y el cierre definitivo el 11 de noviembre.
La sospecha es que la cadena de distribución de medicamentos continuó más allá de esa fecha y por eso la AFIP denunció una evasión de impuestos estimada en 12.471.374,28 pesos por actividades no declaradas durante los períodos 2015, 2016 y 2017.