Por María Juliana Robledo (*)
Que los humedales que rodean a Paraná son piezas claves para regulación ambiental, ya sea por su función de reguladores hídricos, hábitat de numerosas especies animales y vegetales, escenario de un modo de vida, un “habitus” y cultura de costa e isla, no es ninguna novedad para quienes conocemos y valoramos su existencia.
Pero también vemos con preocupación que esa riqueza está en riesgo y que su conservación y sostenimiento requiere un cúmulo de acciones sostenidas y enérgicas desde los organismos oficiales, sí, pero legitimados y apoyados en un acuerdo social, en un consenso ambiental, destinado a proteger los lugares más sensibles de Paraná, nuestra casa común.
Desde hace un tiempo el proceso de cambio de uso del suelo, vinculado al desarrollo de sistemas agropecuarios más intensivos en tecnologías y expansivos, han trasladado la presión hacia territorios antiguamente considerados como “marginales” para los modos tradicionales de la actividad rural. Este fenómeno, de magnitud global, sumado a otros factores propios de la ciudad como procesos de crecimiento urbano sin suficiente planificación, sin servicios básicos y sin accesibilidad, o la privatización de las costas con emprendimientos inmobiliarios que obturan la posibilidad del acceso al río por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, y disparan el mercado inmobiliario impermeabilizando el acceso a la tierra de muchos sectores; dibujan un territorio extenso cruzado por intereses económicos y demandas sociales que impactan dura y negativamente contra el ambiente natural y ponen en tensión la gobernabilidad democrática.
Sobre esas bases que condicionan el sistema socioambiental, este año los humedales han ganado las pantallas con una sucesión de imágenes dramáticas, islas calcinadas, ciudades coronadas por un humo enfermante, pobladores perdiendo sus pertenencias escasas. Todo ello en medio de uno de los períodos de bajante histórica de los grandes ríos de la Cuenca del Plata, consecuencia segura de lo que conocemos como Cambio Climático, del que somos artífice y víctimas, y que nos hace asistir a los espectaculares incendios amazónicos o a las devastaciones de Australia o California como si fueran algo alejado de nuestra realidad, hasta que el humo de las islas empieza a entrar por nuestras ventanas…
El fenómeno de la bajante del río ha desnudado el lomo dorado de sus arenales frente a la ciudad, pero también ha quedado al descubierto la legislación ambiental siempre relegada y pendiente, así como la necesidad de fortalecer una institucionalidad que pueda alertar tempranamente, prevenir, controlar y generar modelos y actos de gestión asociados entre el Estado y la sociedad.
Las particularidades de nuestra costa
En ese marco de cambio climático, corrimiento de las fronteras productivas y urgencias institucionales, vale observar el estado de situación de nuestros humedales. La costa norte del ejido municipal se extiende por más de quince km, desde Bajada Grande a la desembocadura del Arroyo Las Conchas. Sólo una reducida porción de este frente tiene libre accesibilidad para los vecinos y vecinas de la ciudad, en parte debido a las características de su morfología de barrancas empinadas y en parte por el creciente proceso de ocupación y privatización del acceso.
La costa oeste, con una longitud de más de diez kilómetros, conforma una sucesión invalorable de selvas en galería, lagunas, bañados y madrejones, albardones, sauzales, alisales, pajonales, camalotes, montes nativos y playas, que constituyen el ambiente natural de una fauna única en sus formas y expresiones.
Normativamente, en los humedales del oeste, confluyen criterios restrictivos como los que establece la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que categoriza el área como “Zona Roja” en consideración a su valor como espacio de diversidad y conectividad biológica, extraordinariamente apto para conservación de ambientes y cuencas, razón por la cual no se pueden realizar actividades extractivas – mucho menos el desmonte y la quema – y por eso ameritan su protección a perpetuidad. También convergen normas que parecen difusas al no contar con reglamentaciones que delimiten sus alcances, como la declaración como área protegida del Paraná Medio, pero que tienen plena vigencia y coherencia si nos ceñimos a la integralidad del marco normativo.
En la zona conviven predios de dominio público con otros de dominio privado, algunos de ellos sujetos a procesos de definición de su situación en el ámbito judicial. Una observación atenta del área permite distinguir rápidamente el rastro de intervenciones antrópicas que no sólo modificaron las condiciones naturales del suelo superficial, en función de actividades extractivas (fundamentalmente de arcillas), sino también por la consolidación de ocupaciones irregulares, caracterizadas por una dinámica creciente de intrusiones, desmonte, quemas y “loteos” ilegales.
Entre los ocupantes de esas áreas se pueden identificar diversas realidades, desde familias que se asientan en busca de una alternativa habitacional, hasta personas que consolidan la ocupación de un espacio público con la intención de tener su propio espacio de esparcimiento con “vista al río”.
Desde el inicio de la campaña que culminó con la elección de Adán Bahl como intendente, quedó claro que la propuesta de incorporar el eje ambiental, enriquecido y legitimado por la participación de la ciudadanía, sería una de las claves de la gestión municipal, luego de un cuatrienio donde la desidia y la ausencia de planificación habían afectado gravemente la capacidad rectora del Estado municipal.
La recuperación de la autoridad ordenadora, en el contexto de una crisis de credibilidad preexistente agravada por las consecuencias de una pandemia, requiere de un grado de acuerdo social que le otorgue legitimidad y estabilidad temporal a las decisiones que se adopten para proteger, recuperar y preservar la riqueza ambiental de la ciudad a través de las generaciones. Como en otros asuntos estratégicos para el desarrollo de la ciudad, en este frente ambiental definimos líneas concretas de acción que nos permitirán iniciar el proceso de revertir aquella situación inicial.
Conocimiento y participación comunitaria
En relación al área de los bañados del oeste, estamos ejecutando acciones de protección del área, relevando indicadores claves para evaluar la situación ambiental de la zona y proponiendo una revisión de las normas que regulan su uso, con la premisa irrenunciable de preservar su valor ecosistémico y cultural, y realizar las acciones de reparación que fuesen necesarias, independientemente de su situación dominial.
Esta estrategia de recuperación de los bañados del oeste presenta desafíos y fortalezas de diversa naturaleza, pero sin dudas el capítulo de la participación comunitaria es clave para lograr el objetivo planteado. Sobre la base de una convocatoria amplia a vecinos y vecinas de la zona, a sus organizaciones de referencia, a las redes formales e informales de una comunidad con larga experiencia participativa e identidad arraigada, con los aportes de organizaciones ambientales, académicas y la presencia insoslayable de organismos estatales, la participación comunitaria es la condición que garantiza la vitalidad de un proyecto ambiental y su permanencia en el tiempo, superando los plazos acotados de una gestión política. Por eso hemos apoyado y continuamos trabajando junto a los Cuidadores de la Casa Común, proyecto socioambiental fundado en la encíclica Laudato Si y que incluye a jóvenes en situación de vulnerabilidad, promoviendo en el caso de Paraná, la inserción socio-laboral en un proyecto ecoturístico en los humedales y bañados del oeste.
Además, el territorio circundante al espacio de los bañados conforma un espacio de transición hacia el área urbana que requiere una cuidadosa intervención para recuperar valores ambientalmente aceptables. La compleja trama socioambiental del oeste paranaense tiene su nudo gordiano en el “Volcadero”, el histórico y monumental destino de los residuos urbanos que producimos y que, sobre la barranca del río, ha sido por décadas el problema socioambiental más relevante de la ciudad y que nos proponemos cambiar. Sobre este punto hemos trabajado fuertemente en revisar y mejorar todo el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, siendo que cada etapa desde la generación, recolección, tratamiento en la planta de clasificación y hasta la disposición final en el predio del Volcadero, repercute en ese ecosistema y en la vida de los muchos vecinos y vecinas que habitan en el oeste de la ciudad.
Acudir a la Justicia
Por indicación expresa del Intendente Bahl, y en coordinación con todas las secretarías que componen el Departamento Ejecutivo, hemos asumido el rol fiscalizador y la representación de los intereses de la comunidad ante la autoridad judicial en las materias y competencias que nos fueron encargadas por las leyes y ordenanzas vigentes, y que se seguirá ejerciendo plenamente en los casos de desmontes, ocupaciones y quemas, en todo el ejido de la capital provincial.
El Derecho Ambiental es un capítulo relativamente moderno de la organización social y contamos con normativas básicas suficientes para ordenar intereses y comportamientos, está claro que a medida que avanza la conciencia ambiental se descubren nuevos espacios que requieren la actuación de legisladores y jueces, pero los principios del derecho democrático están acordados y vigentes, y tenemos la voluntad de recurrir a ellos.
La actuación de la Secretaría de Legales sobre las ocupaciones irregulares y la realización de las denuncias por quemas y desmontes del borde costero, realizadas ante Policía Federal y en trámite en la Justicia Federal, constituyen parte de una estrategia integral de abordaje de una política de recuperación de los humedales del borde oeste, un borde a veces oculto bajo el denso humo del Volcadero, cuyo valor y riqueza muchos paranaenses desconocen o miran con el lente del prejuicio social, sin saber que en ese territorio del oeste se está definiendo la oportunidad histórica de tener la ciudad, la Casa Común, limpia, sana y justa.
(*) Abogada. Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Municipalidad de Paraná.