La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia abordó el proyecto de ley que propone modificaciones al artículo 2° de la ley de Juicio por Jurados, aprobada en 2019. La reforma pretende reducir los delitos a ser juzgados en este tipo de procesos.
Concurrieron invitados por ese cuerpo el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, vocal Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, quienes participaron del trabajo en comisión que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja.
En la oportunidad, el vocal Carubia adelantó que no daría opinión alguna sobre el proyecto del Poder Ejecutivo ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad.
El magistrado aportó los datos estadísticos sobre los juicios por jurados que se han realizado desde el 2020 a la fecha en Entre Ríos. También hizo referencia a que en otras provincias dicho instituto está limitado en relación a los delitos a juzgar. Y destacó que hoy, en Entre Ríos, no existe la posibilidad de dar respuesta a la cantidad de legajos que ingresan.
En ese sentido, describió, a modo de ejemplo, que en la provincia, sólo en dos jurisdicciones, Paraná y Concepción del Uruguay, hay salas adecuadas para desarrollar los debates respetando lo que establece la ley 10.746 en relación a la preservación de la identidad de los jurados y demás cuestiones específicas que se establecen en la norma.
Finalmente Carubia dijo que se apoya al instituto de Juicio por Jurados.
Desde el Poder Judicial, estuvieron también en la reunión, invitados por la comisión que preside la diputada Gabriela Lena, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez. Ambos acompañaron la propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo, que pretende reducir los delitos a ser juzgados en juicio por jurados. En ese sentido, sostuvieron que continuar juzgando los delitos contra la integridad sexual por ese instituto es revictimizar a las víctimas, tal como lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Argumentaron que esos casos deben ser juzgados por jueces técnicos quienes tienen una capacitación específica para abordar las cuestiones vinculadas a género y se evita así una mayor exposición de las víctimas.
Los representantes de los Ministerios Públicos recordaron que en 2019, cuando se debatía el proyecto de ley que finamente se aprobó, ya habían formulado tales objeciones.
Estuvieron también, el coordinador Legal y Administrativo de la Dirección General y Asuntos Legales, de la Secretaría General de la Gobernación, Cristhian Weber, quien fundamentó el proyecto presentado; la vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER); Andrea Saxer y la titular del Instituto de Derechos de la mujeres, Géneros y Disidencias del organismo, María Ariadna Del Porto.