La oposición vuelve a poner en agenda el problema de las transiciones de gobierno

Un proyecto de la diputada Ayelén Acosta (PRO), que ingresó a comienzos de diciembre a la Cámara baja y cuenta con el acompañamiento del interbloque opositor, propone “regular el período de transición entre gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial”.

Se trata de una problemática que ya ha sido planteada para el caso de los gobiernos municipales, donde las transiciones han sido más complejas en determinadas localidades.

Como repasó Bicameral, existe un proyecto del senador mandato cumplido Pablo Canali, que no fue tratado, para regular estas situaciones en el ámbito local. “El proyecto no tuvo tratamiento. En alguna reunión de comisión se intentó ponerlo en discusión, pero sin éxito”, relató a Bicameral el propio Canali. La iniciativa del exsenador y exintendente de San José está en sintonía con una iniciativa del intendente de Paraná, Adán Bahl, que tuvo luz verde en el Concejo Deliberante de Paraná.

En este caso la iniciativa de Acosta apunta a las transiciones en el Poder Ejecutivo provincial, invitando a los municipios a adherir a la norma, y no se refiere a aspectos más polémicos que sí fueron incluídos en la ordenanza de Paraná, como aquellos respectivos a la contratación de personal en el último año de gobierno.

“Los funcionarios del gobierno saliente tienen la responsabilidad de cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central, organismos centralizados y/o descentralizados, autárquicos, empresas del Estado, sociedades en las cuales tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado provincial y a los entes interjurisdiccionales, dependientes del Poder Ejecutivo Provincial”, indica el proyecto.

Según esta iniciativa, será el secretario General de la Gobernación el encargado de coordinar la transición, convocando a las autoridades en ejercicio y a las autoridades electas y entregando un informe de gestión de la admnistración saliente.

De acuerdo a los fundamentos, donde se cita el caso de otros países y jurisdiscciones que avanzaron en este sentido, la ley buscará “comenzar con un ejercicio en la transición sin que el gobierno saliente perciba intromisiones de parte del gobierno electo”.