Tras votar unos pedidos de ampliación de pruebas, la Comisión de Juicio Político se abocó este jueves a abordar la acusación contra los miembros de la Corte por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional el 21 de diciembre de 2022.
El objetivo central de la reunión, que se extendió entre pasadas las 11 y las 14.30, era establecer el cronograma del debate sobre este tema y así lo marcó la titular de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, cuando detalló que la próxima semana no habrá reunión por el feriado largo, por lo que la próxima audiencia será el martes 27 de junio a las 13, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, gobernadores, el doctor Horacio Diez –quien trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación- y distintos fiscales de Estado.
“Vamos a tratar de que las reuniones no haya más de 4 testigos para evitar que se extiendan y en la segunda o tercera reunión será convocado Silvio Robles y (Marcelo) D’Alessandro para dar testimonio”. En definitiva, ambos serían convocados para el 4 de julio.
“Esta propuesta puede tener algún tipo de modificación en función de las agendas”, aclaró Gaillard.
Durante la exposición, hubo fuertes cruces donde se colaron los conflictos de las elecciones provinciales, con críticas a Rogelio Frigerio (PRO – Juntos por el Cambio) por parte del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
Encargado de exponer el tema fue Casaretto, quien aclaró que se trata de un conflicto que viene desde hace algunos años, originado a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos en favor de la Ciudad a través del decreto 194, elevando el 1,40% que percibía CABA entonces al 3,75%. “El decreto en sí no establece cuál es el destino del aumento de esos fondos; genéricamente habla de una mayor autonomía para la Ciudad”, remarcó el legislador oficialista.
Casaretto hizo referencia a un convenio suscripto el 5 de enero de 2016 que establecía la transferencia progresiva a la Ciudad, pero sostuvo que “está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente”. Mencionó a continuación lo que decían los medios en esos días, y citó una cita: “Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad en la demanda de mayores fondos de coparticipación”.
“Las propias autoridades dijeron entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí”, señaló, dejando entrever que no todo ese aumento sería para compensar los gastos en seguridad. A partir de eso, agregó, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores.
Así fue que al cabo de una reunión que tuvo el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con gobernadores de distintas provincias, el funcionario terminó diciendo a la prensa que “corregiremos el decreto de coparticipación a la Ciudad; fue un error, vamos a asegurarnos que a la Capital le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal”, recordó Casaretto, quien aclaró que eso no sucedió; solo que al año siguiente se atenuó el aumento de la coparticipación a 3,50%.
Para Casaretto, la medida dispuesta por Macri “excede también largamente el costo del servicio de seguridad. Esto lleva a que los argentinos voten en 2019 si querían este modelo donde se concentraban recursos en la Ciudad. Los argentinos votan en 2019, cambia el gobierno, comienzan las discusiones entre el nuevo gobierno y las autoridades de la Ciudad; hay varias reuniones, lamentablemente no fue posible avanzar en un acuerdo porque la Ciudad se amparaba en los decretos”.
En su reseña, el diputado entrerriano contó que finalmente se estimó cuál era el costo efectivo de la transferencia de servicios y se emitió el decreto 735 del 10 de diciembre de 2020 que establece que la coparticipación de la Ciudad debía ser del 2,32%, hasta que no haya una ley. Esa ley se aprobó finalmente con el número 27.606, estableciendo un monto de 24.500 millones de pesos que es lo que estimaba el costo del servicio, con actualización trimestral. Y que en 60 días la Comisión Federal de Impuestos debía analizar en detalle estos costos para determinar cuál era el monto que correspondía a la transferencia de servicios.
“Necesariamente en un país federal tenemos que discutir la asignación de recursos”, remarcó el legislador, sosteniendo que “los que perdieron las elecciones en 2019 dijeron ‘vamos a la Justicia’, y los que perdieron la votación en el Congreso también. Dos recursos”.
Finalmente, tras tres audiencias en la Corte y tras no aceptar la Ciudad las ofertas realizadas, se dictó la medida cautelar que ahora el oficialismo objeta, en contra del Estado nacional. “Sin resolver la cuestión de fondo”, agregó Casaretto, que insistió en que lo que se está haciendo es “concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La cautelar lo que viene a hacer en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, el 3,5%, y lo que paga el Estado nacional, 2,95, en forma transitoria. Una irresponsabilidad determinar a ojo de buen cubero”, se quejó el diputado entrerriano, que afirmó entre gritos de la oposición que “se le sacó al Estado nacional a las otras provincias para darle más fondos a la Ciudad”.
Según Parlamentario, fue el momento en el que se desmadró un poco la reunión, y en tono de campaña Casaretto disparó: “¡Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó!… Y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta y nosotros vamos a ser una alternativa… No se prueben el saco antes de tiempo, el que quiera ser gobernador que gane, que gane en las elecciones…”.
Finalmente cerró su exposición solicitando el juicio político “contra los miembros de la Corte que otorgaron esta cautelar a favor del distrito más rico de la Argentina, en contra de la Nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal”.