La Diputada nacional, fundamentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la Ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral. Previamente, esta la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Educación que la entrerriana preside.
“Damos pasos significativos para todas las generaciones futuras, con políticas transversales en el cuidado del medioambiente”, señaló Osuna. También resaltó el trabajo conjunto del CFE y del COFEMA, como así también la convocatoria a la participación a diversas organizaciones en sintonía con lo establecido por el Acuerdo Regional conocido como Acuerdo de Escazú.
“Con este dictamen, avanzamos en el establecimiento del derecho a la educación ambiental como una política pública nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional”, expresó la Diputada. “Es otro avance hacia una creciente conciencia social que nos interpele y fomente en otras formas de vincularnos con nuestro ambiente”, profundizó. “Son políticas integrales que apuntan a transformaciones cotidianas que mejoran el horizonte de futuras generaciones”, añadió.
Detalles de la Ley
La Ley promueve un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos, específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental y la consolidación de procesos educativos integrales, orientados al abordaje de distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas que contribuyan a la construcción ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.
La legislación apunta a la defensa de la sustentabilidad como proyecto social, que fomente el desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural.
Modificación Ley de Manejo del Fuego
Tras la sanción que la Cámara de Diputados dio a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, la diputada Blanca Osuna manifestó que “el Estado avanza en políticas coordinadas que requiere del trabajo articulado intergubernamental contra las redes de quemas intencionales que redundan en negociados a costa de la biodiversidad, el ambiente y sus comunidades”.
La legisladora explicó que con la nueva norma, en caso de incendio provocado o accidental de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales “se prohíbe modificar su destino, su parcelamiento o loteo o cualquier uso para emprendimiento agropecuario o inmobiliario, por un lapso de 60 años desde su extensión”.
Detalló que se cumplirá de este modo “con el propósito de garantizar la restauración de las tierras siniestradas, prevenir daños y resguardar la casa común de todas y todos”, comentó. Y agregó que para los casos de praderas, pastizales o matorrales “el lapso para recuperación será de 30 años”.
Ley Yolanda
Por último, la Legisladora se refirió a la sanción de la Ley Yolanda. “Hay un compromiso legislativo, como también del Gobierno nacional, de seguir construyendo pasos firmes en la preservación del medio ambiente, en un entorno más justo y también igualitario”, reflexionó.
“Este paso establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”, profundizó.
“Con estas herramientas fortalecemos la formación, educación y prevención sobre esta temática, mientras en simultáneo y de una manera integral construimos políticas a largo plazo que aporten a un mundo más habitable”, finalizó Osuna.