Cuatro diputados nacionales de la UCR impugnaron la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los legisladores Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa) observaron ante el Ministerio de Justicia el pliego de Lijo ya que “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.
En la presentación de los diputados radicales se mencionan varios hechos que hacen que sea “inadmisible” de aceptar la postulación de Lijo.
El primer hecho es la denuncia de Elisa Carrio en 2018, quien acusó al juez federal de integrar una asociación ilícita con el kirchnerismo. El segundo hecho es la actuación de Lijo como juez en el expediente de YPF donde se debía investigar el vaciamiento de la empresa; esta causa nunca avanzó. El tercer hecho es su actuación en la causa Siemens, donde tampoco no hubo avances. El cuarto hecho es su performance en la investigación de las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Judiciales.
El quinto hecho es la vinculación de Lijo con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, de la que dan cuenta diversos medios de comunicación. Para los diputados radicales esto rompe con el principio republicano de división de poderes ya que es el presidente de la República quien debe enviar un pliego al Senado sin intervención previa de la Corte Suprema.
Finalmente, los legisladores Galimberti, Carbajal, Aguirre y Coli agregan como objeciones la denuncia que se le hizo a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la actuación de Lijo en una denuncia que radicó la Tacacalera Sarandí.
“Tal como hemos detallado a lo largo de esta presentación, el juez Lijo ha ‘demorado’ intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas “YPF”, “Siemens” y “Obra social del Poder Judicial de la Nación”, que revisten de pruebas de un mal juez federal, lo que consiste en un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema.
“Un juez federal que reuniera los antecedentes del doctor Ariel Lijo sería un candidato universalmente rechazado en cualquier república que funcione normalmente, por la sencilla razón de que generará desprestigio a la Corte Suprema como institución, socavaría la confianza tanto en el Presidente de la República que lo propuso, como en el Senado que le dio el acuerdo y, en definitiva, generaría una sensación de desprotección en toda la población en el ámbito judicial ante todo hecho de corrupción”, sostienen los legisladores en su presentación que reprodujo Parlamentario.