Los diputados nacionales Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina en el marco del Acuerdo Stand By 2018 se usó para financiar la fuga de capitales.
Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación (AGN) y del Banco Central (BCRA) referidos a la formación de activos externos o fuga de capitales. A partir de ello requiere al Poder Ejecutivo instruir al director ejecutivo alterno por los países del FMI para que solicite ante ese organismo extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar “aspectos opacos” del acuerdo de 2018 otorgado a la Argentina.
Con ese objetivo requieren específicamente que el Poder Ejecutivo Nacional -a través de su representante- exija formalmente “la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para que se investigue y evalúe la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Argentina, en el marco del préstamo de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública”.
El referido artículo VI del Convenio Consultivo puntualiza: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos”.
El proyecto refiere el informe de la AGN que señala que durante el período auditado (2016-2019) se exacerbó la salida de capitales, en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Stand By (ASB). La salida de capitales observada en el período auditado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019), además de registrar valores por encima de la tendencia.
Por otra parte, en un informe del BCRA se señala que, a lo largo del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, “la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada ‘fuga de Capitales’) se triplicó, superando los USD 86.000 millones”. Aun durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones.