El proyecto de ley que busca resarcir a trabajadores entrerrianos que fueron cesanteados durante la última dictadura, autoría de la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR), sigue frenado en la Cámara de Diputados. La iniciativa ingresó el año pasado, y responde a una demanda del colectivo de cesanteados que comenzó a reunirse en 2016.
La Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que preside Juan Manuel Huss (Frente CREER), abordó el proyecto el año pasado, pero desde entonces registró pocos avances.
“Fuimos cesanteados por cuestiones ideológicas, políticas y gremiales”, destacó en diálogo con Bicameral Pilar Blanca, integrante de la comisión. Uno de los principales puntos de discordia, según explicó, es el monto que contemplará el resarcimiento y el universo de beneficiarios.
Desde la Comisión de Cesanteados estiman que los posibles beneficiarios son 1.076 personas, de las cuales no todas viven, y se trata de un beneficio que no sería transferible a familiares, en caso de que la persona haya fallecido. Por eso piden que se realice un nuevo relevamiento desde el gobierno provincial, para establecer con precisión ese número.
Recientemente, explicó Blanca, la comisión se reunió con un grupo de diputados vía Zooom, pero desde el espacio rechazaron la propuesta que se viene manejando, que baja considerablemente el monto del resarcimiento. “Es una deuda del Estado provincial con este universo, somos unos de los últimos que no fuimos reconocidos por habérsenos aplicado las leyes de seguridad del Estado”, dijo Blanca, quien por otro lado aclaró que no están “pidiendo la reincorporación” sino un reconocimiento.
El Proyecto
El proyecto contempla a las personas que -por causas políticas, gremiales o ideológicas- hayan sido cesanteadas o exoneradas de cargos o empleos públicos ejercidos en cualquiera de los Poderes del Estado provincial, entes autárquicos o empresas estatales en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La iniciativa establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de abrir un registro para actualizar, reunir, procesar, evaluar y sistematizar el padrón de las personas que soliciten tal beneficio. Quienes se inscriban deberán aportar información que acredite que dejaron de tener una relación laboral con el Estado debido a causas políticas, gremiales, ideológicas o similares.
En el proyecto, la diputada Jaroslavsky dispone que “el resarcimiento económico será equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial y se efectivizará por una única vez a valores vigentes al momento del pago, sin intereses”. A su vez, el derecho a obtener el beneficio caducará dentro del plazo de tres años contados a partir del dictado de la norma.