Un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone la regulación del servicio de “deliverys” y reparto a domicilio, uno de los rubros que más creció en los últimos meses por los cambios en hábitos de consumo que trajo la pandemia. Se trata de una iniciativa de la diputada Lucía Varisco (UCR), que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores y que aún no fue tratada en comisión.
Según indica el proyecto, la norma “regulará la organización y explotación del reparto a domicilio, comprendiendo todas aquellas gestiones, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios de pequeña y mediana paquetería”.
En este sentido, se crea el “Registro Provincial de Mensajería Urbana y Reparto Domiciliario” a través de contratación telefónica, comercio electrónico, plataformas virtuales o aplicaciones. A su vez, el registro extenderá un “certificado habilitante” que tendrá una validez de dos años, donde se registren datos del trabajador y de quienes organicen o exploten la actividad.
Otro punto que busca abarcar el proyecto es el que refiere a derechos y obligaciones de los trabajadores del sector. Por ello se establece que “la totalidad de los elementos”, como casco, elementos reflectivos o indumentaria deberán ser provistos por aquellos que exploten la actividad y no por los trabajadores.
La iniciativa ingreso a la Cámara el 18 de septiembre y pasó a la Comisión de Legislación General, que aún no lo ha tratado. “Esta para seguir trabajándolo en comisión, escuchando las distintas opiniones incluso de los actores para mejorarlo y que sea lo más factible al momento de implementarlo”, precisó la autora del proyecto tras una consulta de Bicameral.
En los fundamentos del proyecto de ley se remarca que hay unos 160 mil trabajadores argentinos que se dedican a la actividad, de acuerdo a una investigación de la OIT, el Cippec y el BID, señalando que “es complejo definir la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas”. En ese sentido, subraya que “el avance de la regulación no debería implicar el fin del negocio, sino que las empresas se ajusten a la norma y los trabajadores reciban un trato acorde”.