Con el objetivo de impedir que ejerzan la docencia personas condenadas por delitos de violencia o abuso sexual, un proyecto de ley presentado este martes en la Cámara de Diputados propone la presentación de un certificado de antecedentes penales como requisito para “aspirantes a cargos y horas cátedras docentes” en la provincia.
Se trata de una iniciativa de Susana Pérez (Juntos por el Cambio), que cuenta con el acompañamiento de sus pares de bancada Noelia Taborda, Mariana Bentos, Juan Rossi y Marcelo López.
La iniciativa a la cual accedió Bicameral dispone “inhabilitar para el ejercicio de la docencia en establecimientos educativos públicos y privados de la provincia de Entre Ríos a personas con antecedentes penales condenatorios firmes por delitos de abuso sexual, violación, violencia familiar y otros delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes“.
El proyecto entiende dentro de estos delitos al abuso sexual en todas sus formas, violación, violencia familiar y otros delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes.
Para garantizar que la prohibición funcione, el texto propone “exigir a los aspirantes a cargos y horas cátedras docentes la presentación de un certificado de antecedentes penales”, como así también “revocar la habilitación para el ejercicio de la docencia en caso de condena por los delitos especificados”.
Además, propone que el Consejo General de Educación, como autoridad de aplicación, deba “verificar los antecedentes penales del personal docente contratado por instituciones educativas” e “informar a las autoridades competentes sobre condenas penales que afecten al agente docente”.
El artículo sexto, con el apartado “modificaciones”, señala: “Se requerirá la presentación de un certificado de antecedentes penales actualizado periódicamente para obtener y mantener la habilitación para ejercicio de la docencia”.
En esa línea, sostiene que “en caso de existir condena penal por los delitos que la ley enuncia, se revocará de forma inmediata la habilitación docente”.