En la sesión del pasado jueves la senadora Patricia Díaz (Más para Entre Ríos) presentó un proyecto de ley por medio del cual propone disolver el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), transfiriendo sus competencias a la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. “Esta reforma se justifica en la necesidad de reducir costos administrativos, evitar la superposición de funciones y garantizar una regulación más eficiente del servicio eléctrico en la provincia”, justificó la legisladora del departamento La Paz.
El EPRE fue creado por la Ley Provincial Nº 8.916, como un organismo independiente para regular la actividad eléctrica en Entre Ríos. “No obstante, con la recuperación estatal del servicio mediante ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), la existencia del EPRE se ha vuelto innecesaria, dado que el Estado no requiere regularse a sí mismo”, sostiene el texto al cual accedió Bicameral.
La iniciativa busca concretar cuatro puntos: eliminar el EPRE como organismo autónomo; transferir sus funciones a la Secretaría de Energía para una gestión unificada; eliminar la tasa de fiscalización y control que se traslada a los usuarios y reducir el gasto público y evitar duplicaciones administrativas.
“Actualmente, el EPRE se encuentra intervenido y sin normalizar su estructura desde hace años, lo que refuerza la necesidad de su eliminación. La Secretaría de Energía ya cumple con tareas de regulación, por lo que absorber sus funciones evitaría redundancias y optimizaría la administración pública”, señala Díaz.
El proyecto menciona que el EPRE se financia mediante una tasa del 1,8% sobre la facturación de los usuarios, “lo que significa que su existencia representa un costo directo para los consumidores”. La eliminación de esta tasa “implicaría una reducción en el precio final del servicio eléctrico, aliviando el impacto de los recientes aumentos tarifarios producto de la eliminación de subsidios nacionales”. Además, remarca, la disolución del EPRE “evitaría el pago de altos sueldos y dietas de sus directores y funcionarios, generando un ahorro significativo para la provincia”
Los bienes y trabajadores del ente serían de este modo transferidos a la Secretaría de Energía, por lo que la aprobación de la norma no implicaría expulsar empleados.
El proyecto, que contiene diez artículos, tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Legislación General del Senado.