Por Graciela Bar (*)
El Presidente de la Nación ha anunciado en reiteradas oportunidades -tanto durante la campaña proselitista como durante la gestión de gobierno- en diferentes medios de comunicación social y discursos en organismos internacionales que el fuerte ajuste que aplica a la economía recae sobre “la casta y la política”. Cabe preguntarnos a quiénes incluye como “casta” ya que mayoritariamente quienes sufren el ajuste son los jubilados, reprimidos severa y recientemente en dos oportunidades mientras manifestaban su preocupación por no poder alcanzar una vida digna con los actuales salarios que perciben.
La crisis también ha afectado notablemente a los docentes y frente a las medidas adoptadas, las condiciones de vida y su salario se han desvalorizado notablemente. Son históricos los reclamos del sector frente a las crisis. Primero, la Marcha Blanca desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo del año 1988 que significó la más impresionante movilización de maestros que registra la historia del país en defensa de la educación pública y reclamos del salario, el nomenclador básico y la unificación del sueldo básico. Años más tarde, el 2 de abril de 1997 los docentes argentinos nucleados en la CTERA adoptaron una nueva herramienta de lucha con la instalación de la Carpa Blanca en la plaza de los dos congresos, en Buenos Aires, para reclamar por un Fondo de Financiamiento Educativo, lográndose el 30 de diciembre de 1999, contar con 660 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente proveniente del impuesto automotor incorporado en el presupuesto del año 2000.
El FONID sancionado por ley 25.053 en el año 1998, importante aporte que representa un 13% del salario docente, – a Entre Ríos se le asignó $ 5.169.728.348 en el Presupuesto 2023-, fue dejado sin efecto por el DNU 70/2023 del Gobierno Nacional. Por tratarse de un adicional “nacional” la justicia había determinado que no se interpreta el carácter de ”remunerativo”: Pero, si este fondo fuera instituido por la provincia con recursos propios, correspondería legalmente que fuera “bonificable” y “remunerativo”, en función de lo establecido tanto en el Estatuto del Docente Entrerriano Decreto Ley 155/62 (Artículos 7, 46, 47, 57, 59) como en la Constitución Provincial (Artículo 82).
El Gobernador de nuestra provincia, como consecuencia de la política económica, reconoce estas problemáticas como así también que hay más demandas sociales, en los comedores, de medicamentos y que el gobierno nacional se ha desentendido de muchas funciones que antes cumplía en la provincia. En consonancia con la política nacional, también ha manifestado en reiteradas oportunidades que para la reducción del gasto público ha dejado sin efecto en un 50% la planta política. Pero, en ciertos sectores de la administración pública no se evidencia tal decisión. Caso visible ha significado la ampliación de la estructura orgánica del Consejo General de Educación que -según consta en las respectivas resoluciones- se han creado nuevos e importantes cargos políticos jerárquicos, tales como la Dirección General de Secretaría Privada, la Dirección de Gestión Administrativa, la Coordinación General de Comunicaciones, la Coordinación de las Direcciones Departamentales de Escuelas y un Cuerpo de Asesores en el ámbito de la Presidencia del Organismo. Sumado a ello, también son nuevas la Dirección General de Asesoría Legal y Técnica, la Coordinación General de Evaluación, la Subdirección en la Dirección de Superior y recientemente la Subdirección en la Dirección de Educación de Gestión Privada.
He aquí la contradicción entre los discursos y los hechos que no contribuyen a reconocer y acompañar la grave crisis por la que se está atravesando. Estas observaciones no tienen el sentido de crítica por la crítica misma, porque se basan en normativas vigentes, porque expresan la opinión de muchas personas que vivencian la crisis con gran preocupación y angustia, porque reconociendo la voluntad popular en la elección de los gobernantes, deseamos lo mejor para los entrerrianos y fundamentalmente porque aún rige el derecho a la libertad de expresión, aunque actualmente nuestro Presidente pretenda restringir.
(*) Expresidenta del CGE y exsenadora nacional del PJ Entre Ríos
Publicado en Análisis