El oficialismo retomará la agenda del juicio político a la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados de la Nación. Será con tres testigos claves citados nuevamente a prestar declaración en el marco de investigación del fallo por el cual el máximo tribunal benefició con más Coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La titular de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) citó por tercera vez a la reunión del próximo martes 22 de agosto a las 13 en la Sala 1 del Anexo “A” de la Cámara Baja al exministro de Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, quien no compareció a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia.
Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que D’Alessandro comparezca ante los diputados.
D’Alessandro había sido convocado el pasado 1 de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.
Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.