La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), tenía previsto continuar esta semana con el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, remitido por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, según se comunicó oficialmente, el encuentro previsto para este miércoles fue suspendido.
Durante una reunión realizada el pasado viernes por la tarde, la diputada Lena expresó: “Es un proyecto complejo, que trae reformas que son integrales que requieren no solamente estudio, sino también acuerdos entre los diputados de los diferentes bloques y en eso estamos empezando a trabajar”.
La legisladora comentó que la comisión recibió por escrito las sugerencias de los organismos que participaron de la reunión anterior. “Vamos a trabajar artículo por artículo, como lo hacemos siempre con estas leyes que refieren a instituciones importantes de la provincia y así como lo hicimos con la reforma de la ley electoral. No tenemos un tiempo para aprobarlo, pero tampoco tenemos pausa”, agregó.
La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra.
El nuevo proyecto, al cual accedió Bicameral, consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”.
Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.
La iniciativa, remitida a la Legislatura a fines del año pasado, está entre la agenda de prioridades para el oficialismo, que ya la abordó dos veces en comisión.