La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de Entre Ríos tratará un proyecto de ley del diputado provincial Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) que busca crear la Administradora Energía Entre Ríos SA, que tendrá como objetivo principal que la energía eléctrica que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande produzca sea comercializada de forma de asegurar a los habitantes de nuestra provincia, así como industrias, comercios, sectores de la agroindustria y otros actores de la sociedad civil un “precio razonable” de la luz que la provincia genera.
Será el próximo miércoles desde las 14 horas, en el marco de la comisión que preside Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos).
La iniciativa, según explicó el autor, nace de un trabajo articulado en conjunto con el diputado nacional Gustavo Bordet y con el exadministrador de Aduana, Guillermo Michel.
Se trata de un tema que estuvo en agenda estos últimos días a raíz del voto de Edgardo Kueider en el debate en comisión sobre la Ley Bases, ya que el senador entrerriano le habría pedido al Gobierno, como parte de la negociación, que se habilite esta autonomía para la compra de energía por parte de la provincia.
La empresa creada tendrá la titularidad para la comercialización de la energía que Salto Grande aporte al sistema de nuestro país y podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valor en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas.
En su actividad, Administradora propenderá a promover la innovación tecnológica y en los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en las leyes específicas, explicó Bahillo en sus argumentos.
“Hoy, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande es un generador de recursos indispensables para la vida de la Argentina y del Uruguay. Implica la posibilidad de seguir trabajando y creciendo desde la región por el bien común de los países creadores, de sus habitantes, de su industria, su comercio y su desarrollo“, resaltó el legislador.
Para evitar nuevos costos, los directores y síndicos no serán remunerados y la empresa podrá convocar a empleados de la Administración Pública Provincial.