Por Ladislao Fermín Uzín Olleros (*)
En un reciente comunicado FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén) ha manifestado su repudio a la decisión del gobierno nacional de estatizar la administración de las represas que generan electricidad en Neuquén y Río Negro, de manera inconsulta, reemplazando la gestión concesionada a empresas privadas pero bajo control provincial, y sustituyendo la administración que pasaría a ENARSA, con sede en Buenos Aires, lo que implica desplazar a las provincias y favorecer al gobierno central con el manejo discrecional de esos cuantiosos recursos energéticos.
De prosperar la medida, el apoderamiento comprendería las represas de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Banderita, generadoras de electricidad en las provincias de Neuquén y Río Negro; como antecedente está Loma de la Lata (proveedora de gas).
Ello viene motivando fuertes reacciones en todos los niveles de las provincias afectadas pues, además de ser una decisión unilateral del gobierno nacional, sin consultar a las provincias, implica otro avasallamiento a las autonomías provinciales, acentuando el unitarismo centralista, que somete al -desdeñosamente llamado- “interior” desde hace más de dos siglos.-
De prosperar semejante arbitrariedad, además de consumar un acto autoritario, se estarían desobedeciendo las mandas constitucionales pues los recursos naturales son del dominio de los estados provinciales, lo cual los habilita a la explotación de los mismos y a la disposición de las rentas que generen en beneficio de las provincias, no siendo éstas facultades delegadas a la Nación (cfr. arts.121 y 124 de la Constitución Nacional, reforma de 1994), teniéndose presente que las provincias son prexistentes al Estado Federal, tal como lo consigna el primigenio texto constitucional (Preámbulo, Constitución de 1853, que mantiene su vigencia a través de los tiempos con las reformas habidas en nuestra Carta Magna).
La noticia debe leerse como un severo llamado de atención, atento a que Entre Ríos genera energía eléctrica a través de la represa de Salto Grande que abastece a la red nacional; si bien es un complejo binacional (Argentina – Uruguay), beneficia desproporcionadamente a la capital que por dicho servicio pagan sus usuarios una tarifa más de tres veces inferior a la que debemos saldar los entrerrianos por la provisión de electricidad. Tambien debería ser motivo de preocupación porque, de permitirse estos avances sobre las autonomías provinciales, no debería extrañarnos que en un futuro pudiera ocurrir lo mismo con los recursos que provee la explotación del túnel subfluvial, que aunque parezca improbable, no debería desatenderse porque existe una zona difusa en la que el Estado Nacional puede otorgar en concesión la explotación de recursos naturales (vgr. los parques nacionales) que pueden resolverse por acuerdos entre la Nación y las provincias, lo que, de consumarse, implicaría otra claudicación al federalismo que no puede renunciarse pues, de ello suceder, además de una prevaricación a las mandas de la Constitución, significaría traicionar los desvelos y entregas de quienes todo lo dieron en defensa de las autonomías provinciales; dicho en otras palabras: desertar de la historia.
Quizás esté llegando la hora que, de una buena vez, los senadores nacionales defiendan a las autonomías de las provincias que representan; también esto está legislado en el artículo 54 de la Constitución Nacional; “El Senado de la Nación expresa los intereses de los estados locales –propios del sistema federal- en el Poder Legislativo.” (Ma. Angélica GELLI, ”Constitución de la Nación Argentina”, 2da. edición, 2003, ed. La Ley, pág. 473).
(*) Abogado y dirigente radical