El diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) rompió el silencio en medio del nuevo capítulo alrededor de la visita a genocidas en el Penal de Ezeiza y adelantó que dará su versión de los hechos por escrito. Pese a que fue el único que no lo hizo en el plenario de comisiones que hubo ayer -donde todos los involucrados menos él expresaron su mirada sobre lo sucedido-, el legislador electo en 2023 habló con Bicameral y aseguró que pronto se conocerá su parecer en relación al tema.
Cabe destacar que Benedit no es uno más de los involucrados. El entrerriano es sindicado como el organizador de la visita a la cárcel donde están alojados represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar. Lourdes Arrieta, otra de las involucradas, no sólo lo señaló como la cabeza de la comitiva, sino que además ventiló conversaciones privadas donde otra diputada que también fue a Ezeiza contaba cómo ya habían ido junto al dirigente rural de nuestra provincia a visitar a genocidas en Campo de Mayo.
En diálogo con este medio, el diputado adelantó que sí presentará un escrito. Y aclaró: “No sería un descargo porque no hay cargos . Solo una explicación a la comisión de las razones de la recorrida y de la mirada que tengo sobre las potestades de los legisladores”.
Días atrás, comisiones de Diputados se reunieron para tratar lo sucedido. Había un pedido expreso de conformar una comisión especialmente dedicada a analizar lo que pasó. Sin embargo, con ayuda del PRO, las aguas se dividieron y sólo se concluyó citar a los involucrados a dar algunas explicaciones, que incluso podían desestimar si así lo deseaban. En vez de ir, todos presentaron escritos, con excepción del diputado entrerriano.
“El PRO trabaja en tándem con La Libertad Avanza. Se oponen a la comisión, después quieren que vayan explicar, después van a querer otra cosa. Son todas medidas dilatorias, no quieren avanzar en ninguna sanción“, le confió oportunamente una fuente parlamentaria a Bicameral.
El diputado entrerriano había desaparecido prácticamente de la escena pública desde que se destapó el escándalo. Sólo había mantenido hasta hoy contacto con este medio en una ocasión, pero se limitó a decir que no formularía declaraciones-. Se aguarda entonces ahora conocer qué tiene para decir oficialmente sobre lo sucedido.
QUÉ DIJERON LOS OTROS DIPUTADOS
Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo presentaron el mismo escrito, de apenas una carilla. “Desde nuestra función como representantes del pueblo, estamos profundamente comprometidos con los valores de la libertad, justicia y derechos humanos que nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen y protegen”, comenzaron.
Sobre la visita, de acuerdo a lo consignado por Parlamentario, justificaron que estuvo destinada a “observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo, lo que así hicimos”. “En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes”, indicaron.
Para ambos, “cualquier versión respecto de los hechos acontecidos fuera de estas líneas es totalmente ajeno a nuestra persona. Creemos que la tolerancia democrática implica admitir todas las ideas, incluso cuando éstas son contrarias a las propias”.
Por su parte, Alida Ferreyra dijo que asistió en su “carácter profesional, como abogada penalista” para abocarse “a la situación del estado de las unidades de detención”; también “por motivos humanitarios, a fin de constatar la vigencia del artículo 18 de Constitución Nacional, como garantía de no transformar las ‘unidades carcelarias’ y las ‘penas’ en una especie de tormento para los reclusos, priorizando el concepto de seguridad por encima del castigo y la mortificación”.
En su descargo, Rocío Bonacci manifestó: “No tengo nada que ocultar -y demostraré que mi conducta es irreprochable-; tampoco corresponde que se me someta a un ‘proceso’ injusto y contrario a la ley, ya sea porque no se especifica debidamente cuál es el ‘cargo’ que debo contestar, o que se reiteren indefinidamente”.
En su escrito, Lourdes Arrieta se quejó: “No se ha garantizado en forma alguna, el derecho de defensa ni la actividad probatoria de ninguna de las personas que fueron mencionadas, por lo que mal pudiera tomarse alguna resolución en virtud de las contestaciones que a vuestro requerimiento se formulan”.