Desde que surgió la noticia de la visita de diputados libertarios a genocidas en el Penal de Ezeiza, el legislador entrerriano del espacio, Beltrán Benedit -sindicado como el organizador de la travesía- se mantuvo con un perfil bajo. En contacto con Bicameral, dijo que no iba a hablar. Y por ahora, mantuvo su promesa. Ni siquiera lo hizo cuando su ahora excompañera de bloque, Lourdes Arrieta, dio a conocer chats de la comitiva, que dejaron aún más expuesto al dirigente rural de la provincia.
En ese contexto, y a la par de que el escándalo escalaba puertas adentro del oficialismo, pares de bloques de la oposición comenzaron a motorizar la idea de sancionar a quienes habían llevado adelante la actividad. En un plenario de comisiones de la Cámara Baja el último 3 de septiembre, no se llegó a ninguna resolución. Había un pedido expreso de conformar una comisión especialmente dedicada a analizar lo sucedido. Sin embargo, con ayuda del PRO, las aguas se dividieron y sólo se concluyó citar a los involucrados a dar algunas explicaciones, que incluso pueden desestimar si así lo desean.
“El PRO trabaja en tándem con La Libertad Avanza. Se oponen a la comisión, después quieren que vayan explicar, después van a querer otra cosa. Son todas medidas dilatorias, no quieren avanzar en ninguna sanción“, le confió una fuente parlamentaria a Bicameral.
Desde la UCR el argumento fue que quienes están imputados deben tener derecho a defenderse. Desde el PRO también. Desde Unión por la Patria coinciden, pero no entienden por qué si hay unanimidad en relación a la gravedad de lo sucedido, no se alienta la posibilidad de estudiar a fondo lo que pasó. “Todos dicen que sí, pero a la hora de votar, miran para otro lado, buscan excusas. Capaz que en el fondo les cae bien lo que hicieron, nomás que no se animan a decirlo“, le indicaron desde el bloque justicialista de la Cámara de Diputados a este medio.
La posibilidad de que Benedit sea expulsado corrió con fuerza, como una posible válvula para descomprimir la interna dentro de su espacio. En el escándalo, pese a que lo nieguen, están involucrados el presidente del cuerpo, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ende, correr de su lugar a un legislador hubiera servido a los efectos de demostrar una supuesta disconformidad con lo sucedido. No obstante, nada de eso ha tenido lugar.
Si la Cámara de Diputados aceptara la conformación de una comisión, se trabajaría sobre la posible aplicación del art 188 del reglamento, que establece que “en el caso deque la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución”. Y agrega: “Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.